El Salvador cumple este lunes un año con el régimen de excepción, una polémica medida que es denunciada por violar los derechos humanos, pero que sus defensores afirman ha sido la solución al histórico y complejo problema de las pandillas, grupos que mantenían atemorizada a la población.
La medida, implementada desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogada en 12 ocasiones por un período de 30 días, respectivamente, es aceptada por buena parte de la población y mantiene elevados los niveles de aceptación y respaldo de la ciudadanía al Presidente Nayib Bukele, según las encuestas más recientes.
Bukele, que declaró una “guerra” a las pandillas, es el presidente con “mejor desempeño” en Latinoamérica, según una encuesta de la firma CID Gallup, que le otorga un 86% de favorabilidad.
Además, el 91% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el Presidente Bukele, luego de tres años y nueve meses en el cargo, de acuerdo con una encuesta de Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica.
Al parecer la imagen de Bukele no se ha visto afectada por los señalamientos de violaciones a derechos humanos, por parte de organismos internacionales y nacionales, en el marco del régimen de excepción.
Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque el 75,9% de los ciudadanos aprueba la medida.
“Las pandillas ya no existen”
Durante el régimen de excepción se han capturado cerca de 66.000 personas que son acusadas de ser pandilleros, de los que aproximadamente 4.500 han sido liberados pero continúan con el proceso penal ya iniciado, según dijo a EFE el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario señaló que, según los registros, son alrededor de 76.000 personas perfiladas como pandilleros e indicó que la “guerra” contra las maras, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992), ha permitido la captura de “10 de 15 líderes” de la Mara Salvatrucha (MS13), quienes “están enfrentando los procesos judiciales”.
Aseguró que “el corporativo criminalidad que representaban estas tres principales pandillas en El Salvador (la MS13, Barrio 18 facción Sureños y Revolucionarios) ya no existe”.
“Ya no funcionan como un corporativo criminal, han quedado los que andan escondiéndose de la justicia, que ya no pueden estar en las colonias, que ya no pueden controlar las colonias, las comunidades ni los barrios y que andan huyendo en las áreas rurales”, acotó.
Y subrayó: “Esos corporativos que tenían territorio, que tenían población, recaudaban dinero e impartían a plomo justicia en nuestras comunidades, esos ya no existen“.
Para Celia Medrano, especialista salvadoreña que fue candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los grupos pandilleriles tal como los conoció El Salvador, en apenas un año, no volverán a verse en el país“.
Sin embargo, indicó en una conversación con EFE que “hay que entender que hay élites de esos grupos pandilleriles que han mutado, se han sofisticado y han desarrollado nuevas articulaciones como la criminalidad organizada“.
Baja de extorsiones y tranquilidad
Además de la reducción de los homicidios durante la implementación de la medida de excepción, 496 muertes al cierre de 2022, Villatoro destacó la baja en las extorsiones y la tranquilidad en las comunidades.
“Ese impacto (el cobro de la extorsión) que (se) tenía en nuestras poblaciones, en las comunidades, en las áreas productivas -como mercados- digamos que eso ha desaparecido en un 98 %”, señaló.
Aseguró que “podríamos decir que hemos liberado a todo el segmento poblacional, medianas y grandes empresas, y entre 1.500 y 2.000 millones de dólares ya no están yendo a manos de estos terroristas”.
“El fenómeno de las extorsiones impactaba a todo nivel. En muchas colonias los residentes tenían que pagar para salir de la colonia y para regresar”, dijo.
Apuntó que también “se ha impactado en los programas (de las pandillas) de venta y distribución de droga a nivel nacional” y que en los barrios “antes asediados por las pandillas, ahora hay un ambiente de alegría, de libertad”.
Un empresario dueño de tres unidades del transporte público afirmó a EFE que, efectivamente, la extorsión ya no se cobra más, por lo menos en la ruta de autobuses en la que él se encuentra.
¿La solución? o ¿una carta política?
Para el Gobierno, el régimen de excepción parece ser la solución a las pandillas y, de acuerdo con Villatoro, después de “más de 120.000 salvadoreños asesinados en tres décadas”, ahora “el salvadoreño puede vivir en paz”.
“Haber implementado el régimen de excepción ha sido algo que nos ha transformado en menos de nueve meses en otro país en materia de seguridad pública”, dijo.
No obstante, la candidata a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH apuntó que “cada vez debe de quedar más claro que debemos de dejar de repetir el slogan de un régimen de excepción. Es una carta, es la principal carta electoral para la reelección de la actual gestión gubernamental”.
Medrano consideró que “de excepcionalidad, el régimen de excepción no tiene nada”.
“¿Cómo va a ser excepcional un sistema permanente de suspensión de garantías constitucionales y derechos humanos que va a cumplir un año y que muy probablemente cumplirá todo el 2023 hasta que se consuma el plan de la reelección presidencial?”, agregó.
Fuente: Emol.com
