El gobernador Miguel Vargas y otras autoridades regionales presentaron nuevamente una medida para aliviar la congestión de tráfico en el centro de la capital atacameña (Copayapu, Henríquez, Circunvalación y Alameda Manuel Antonio Matta) al impedir el acceso de los autobuses intercomunales a esa área. Sin embargo, empresas del sector del transporte de pasajeros, encabezadas por Tur Bus, presentaron un recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, obteniendo una orden de no innovar que les permite continuar operando en sus terminales ubicados en las calles Chañarcillo y Buena Esperanza mientras se lleva a cabo el proceso legal.
La Sociedad de Inversiones en Infraestructura S.A., compuesta por el Grupo Tur Bus y otras empresas, indicó que la prohibición inicial del 24 de mayo quedó sin efecto debido a la aceptación del recurso de protección por parte de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, los autobuses continúan prestando sus servicios de manera normal.
En su recurso, la sociedad denunció que la medida afecta garantías constitucionales, como la libertad económica y la igualdad de trato en materia económica, además de generar un trato privilegiado para el Terrapuerto Copiapó al intentar expulsar los terminales de la calle Chañarcillo.
Sin embargo, empresas como Pullman Bus y Andimar decidieron adherirse a la medida presentada por el Gobierno Regional y trasladaron completamente sus servicios al nuevo terrapuerto. Estas empresas muestran empatía con la ciudadanía ante la situación de congestión que se experimenta diariamente, especialmente en esa zona debido a calles estrechas y un alto flujo vehicular. Los autobuses de gran tamaño dificultan aún más el tráfico con sus maniobras. Considerando que tener un edificio que albergue los servicios de autobuses en esa área no beneficia a la ciudad, estas empresas tomaron una postura diferente a Tur Bus.
Las empresas que presentaron el recurso de protección argumentan que se están violando derechos de propiedad, ya que se les priva de los ingresos generados por los contratos de uso de andenes, taquillas, salas de espera, locales comerciales y servicios de transporte interurbano, interregional y rural de pasajeros, lo cual afecta su patrimonio.
Esta medida representa un nuevo obstáculo para las intenciones del Gobierno atacameño de descongestionar el centro de la comuna de Copiapó.
