Mantener el equilibrio fiscal y evitar un aumento del gasto. Esos fueron los argumentos que esgrimió el presidente argentino, Javier Milei, para vetar un paquete legislativo aprobado en julio por el Congreso que incluía aumentos en las jubilaciones y mejoras en las prestaciones para las personas con discapacidad en el país.
La medida, que llega en plena campaña electoral rumbo a las legislativas de octubre, desató fuertes críticas de la oposición y agudizó la tensión con los jubilados, que llevan meses protestando por mejores pensiones.
Según el veto, las leyes aprobadas por el Senado de forma “irresponsable” generarían un “aumento estructural y permanente del gasto” , que obligaría a recurrir a la “emisión monetaria, la suba de impuestos y/o endeudamiento”.
Las medidas vetadas
Una de las iniciativas vetadas establecía un incremento “excepcional y de emergencia” del 7,2% para las jubilaciones, que hoy sitúan a los adultos mayores de Argentina al límite de la línea de la pobreza: el 63,5% de los retirados -que en Argentina son unas 7,4 millones de personas, esdecir, el 15,7% de la población total- cobra la jubilación mínima, que este mes llegó a los US$279.
No obstante, de acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, en datos recopilados por EFE, ese ingreso mínimo debería ser de unos US$873 para los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
El Congreso también había restituido la moratoria previsional, un recurso que amplía la cobertura social y permitía obtener una pensión a quienes no cumplen con la cantidad de años suficientes de trabajo registrado (30 años de cotizaciones, en un país con más del 40% de trabajo informal).
Por último, se había aprobado una ley que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obligaba al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector. Estas leyes implicarían, según el Gobierno, “un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos (US$5 millones) y cerca de 17 billones de pesos (US$12 millones) para 2026”.
¿Cómo funciona el sistema argentino?
Argentina cuenta con un sistema de reparto público y obligatorio, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A diferencia de un sistema de capitalización individual —como el que alguna vez funcionó en el país hasta 2008— el modelo actual se basa en la lógica de que los trabajadores activos financian las jubilaciones de quienes ya dejaron la vida laboral.
Los aportes previsionales provienen de distintos sectores. Los trabajadores en relación de dependencia destinan el 11% de su salario bruto, mientras que los empleadores suman otro porcentaje en concepto de “contribuciones patronales”. Los monotributistas, por su parte, abonan una cuota fija mensual que incluye un componente jubilatorio.
Para acceder a la jubilación ordinaria, se requiere cumplir 30 años de aportes y haber alcanzado la edad legal: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. No obstante, la realidad del mercado laboral argentino —atravesado por altos niveles de informalidad— ha llevado al Estado a implementar distintas moratorias previsionales, que permiten regularizar años no cotizados.
El sistema previsional argentino concentra una parte significativa del gasto público y genera debates constantes sobre su viabilidad y equidad. Uno de los principales problemas es el desequilibrio financiero. Es que los aportes de los trabajadores activos no alcanzan a cubrir el pago de todas las jubilaciones, lo que obliga al Estado a inyectar fondos.
A esto se suma el fenómeno del envejecimiento poblacional —con una proporción creciente de adultos mayores— y la alta informalidad laboral, que impide a muchos trabajadores cotizar durante su vida activa. En Argentina se calcula que el 16% de la población es adulta mayor, y las proyecciones indican que para 2025 ese porcentaje ascenderá al 22%.
Protestas
El veto de Milei se da en un contexto de fuerte descontento de los jubilados, que llevan meses movilizándose cada miércoles frente al Congreso en Buenos Aires para exigir mayores pensiones.
La medida, además, generó una intensa presión desde la oposición. “La crueldad no tiene lugar en esta patria. Otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo de ajuste, entrega y represión”, sostuvo la diputada peronista Victoria Tolosa Paz en X.
Mientras que el exministro de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Arroyo, calificó el veto como “una vergüenza”.
“Es un gobierno desalmado, que no tiene la más pálida idea y no le importa cómo viven y cuánto sufren las personas con discapacidad y sus familias”, escribió también en X, adelantando que el peronismo buscará revertir el decreto.
Según La Nación, en el oficialismo creen que cuentan con el número suficiente para que el veto se mantenga firme. De no ser así, Milei advirtió que recurrirá a la justicia para evitar la implementación de las mencionadas medidas.
Pero lejos de enfriar el ambiente, durante una exposición, Milei puso en duda que los argentinos estén viviendo una crisis de ingresos. “Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres”, afirmó.
Fuente: Emol.com
