El gobierno de Dina Boluarte anunció el domingo la modificación legal que ya abre debate en Chile, puesto que ocurre en medio de la “regularización acotada” que la semana pasada dio a conocer el Gobierno.
El Gobierno de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, aprobó el domingo la modificación de un decreto legislativo migratorio que establece que, desde ahora, los extranjeros que ingresen a ese país y no se identifiquen ante la autoridad competente serán expulsados.
Además, se detalla que en el caso de que la persona extranjera no cuente con algún medio identificatorio válido, el efectivo policial iniciará un proceso de toma de identificación biométrica, con el objetivo de contar con un antecedente migratorio. Este procedimiento no implica la regularización de la situación migratoria de la persona extranjera.
La reciente modificación a la normativa en el vecino país abrió un debate entre los expertos en migración, especialmente porque en Chile el Gobierno acaba de anunciar que iniciará un proceso de regularización acotada, dirigida a un universo de 182 mil migrantes.
Ese universo corresponde a extranjeros que ingresaron por pasos ilegales y que entre junio de 2024 y febrero de este año, se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico ante la PDI: una alternativa voluntaria que se abrió para estas personas, que incluía su autodenuncia y recabar sus datos.
La iniciativa del Gobierno, y que ha encabezado el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha sido fuertemente criticada, especialmente por voces de la oposición, desde donde acusan que medidas como ésta generarían un “efecto llamado”, lo que el subsecretario ha descartado, apuntando a que no existe evidencia empírica en esta materia.
En conversación con Emol, expertos en materia internacional y migración dan cuenta de las distintas miradas que existen, en este caso, entre Perú y Chile, y los efectos que podría tener la medida del vecino país.
“Chile es el país que menos regularización ha hecho en la región”
Entre los argumentos que el Gobierno, y en especial, el subsecretario Cordero ha destacado como relevantes en torno a este proceso de regularización acotada que se impulsa, están temas relativos a la seguridad Interior y Económicos. Para la autoridad es esencial saber quiénes son estas personas y entre otras cosas, el impacto que tienen en el mundo laboral o el PIB.
En conversación con EmolTV, el subsecretario hizo una caracterización de los 182 mil eventuales beneficiarios de este proceso: “hay una distribución relativamente igual entre hombres y mujeres; un grupo etario focalizado en edades productivas -entre 25 y 30+ años-, y que el 67% de las personas empadronadas ingresaron a Chile entre 2018 y febrero de 2022, durante la administración anterior”.
Asimismo, dijo que al menos un tercio tiene estudios superiores completo, y un porcentaje significativo corresponde a venezolanos. Con todo, Cordero subrayó que “este no es un problema de la administración anterior, aquí no hay visa democrática; lo que hay es una realidad de la cual el país se tiene que hacer cargo“.
Al comparar con el resto de países de la región y los procesos que han llevado adelante, Cordero subrayó que “Chile es el que menos ha hecho regularización en la región, en proporción a la situación en Colombia, Perú, Ecuador, en Argentina y Brasil”.
En cuanto a la definición de Perú, el subsecretario sostuvo que “existe una gran coordinación en estos momentos para investigaciones penales en el continente, salvo en Venezuela. Nosotros tenemos un trabajo en reconducciones; queremos llegar a un buen acuerdo en el caso de Bolivia y tenemos una relación muy fluida con Perú”.
“El tema es hacia dónde expulsa. Perú tiene una trayectoria similar a la nuestra, nosotros no tenemos controversia con ellos hasta ahora en tema de expulsiones. Por supuesto, si son chilenos, estamos obligados a recibirlos, y a su vez, si son personas de nacionalidad peruana quienes expulsamos, estamos obligados a recibirlos. El problema son los terceros países, como Venezuela“, cerró.
“Paradigma realista vs. paradigma idealista”
El analista internacional de la UDD, Jorge Sanz, comenta que frente a la forma en que Perú está actuando, versus Chile, en realidad existen miradas distintas, que en general tienen que ver con los intereses y las políticas que sigue cada uno de los estados. “No es que una esté mala y otra buena, son distintas”, remarca.
“Perú efectivamente tiene una fórmula en que el Estado se protege a sí mismo y una de las formas de protegerse es ésta, en que los que no respondan y no corresponde que estén por ilegalidad y por otros procesos que se están viviendo hoy día en América Latina y en el mundo, los expulsa o toma medidas contra ellos”, señala el académico.
En cambio, añade, Chile tiene una mirada distinta, “donde el Presidente abrió las fronteras, el presidente permite la entrada de los migrantes por pasos no habilitados, por lo tanto, regulariza la ilegalidad de entrar por un paso no habilitados”.
Esas diferencias se expresan además en que el Presidente Gabriel Boric “mira el proceso como un derecho humano, y el Estado del Perú mira la potestad de Perú de dejar entrar o no dejar entrar a los migrantes, hay una fórmula diferente”.
El experto dice que esta situación también se puede explicar en clave de paradigmas. “En el paradigma realista, prevalece el Estado como un órgano potente que tiene la soberanía para tomar decisiones, y el paradigma idealista que es el que sigue el presidente Boric entiende que el mundo es uno solo y que es lo mismo”, zanjó.
“No es una señal contraria”
Una opinión distinta tiene Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, quien plantea que lo que está haciendo Perú versus lo que busca encauzar Chile, “no es una señal contraria, e incluso pudiesen ser cuestiones complementarias”.
“Hay varios aspectos que confluyen acá, pero lo primero es que precisamente para que las personas puedan regularizarse tienen que presentarse ante la autoridad. Y en este sentido, lo que aprueba el gobierno de Perú es que las personas se deben identificar. Entonces, la verdad es que en Chile las personas también se van a tener que identificar para poder regularizarse”, sostiene la experta.
Añade que “eventualmente, si después de un proceso de regularización objetivo, razonable, hay personas que no se acogen a él y teniendo ciertas características, eventualmente serán expulsables. Y estoy pensando en características como antecedentes penales graves, etc.”.
“Entonces, la verdad son dos cuestiones completamente complementarias. Una cosa no quita a la otra y por el contrario, una cosa requiere a la otra, es decir, la regularización requiere la identificación. En parte eso es lo que se busca y eso es lo que los extranjeros que pretenden regularizarse también quieren: poder identificarse frente al Estado, poder tener una visa que les permita trabajar en condiciones adecuadas, poder cotizar también adecuadamente, porque las personas que están irregulares hoy también, migratoriamente hablando, también cotizan, pero poder cotizar adecuadamente”, cerró.
Fuente: Emol
