El Congreso de Venezuela, controlado por el chavismo, discute este martes una ley para regular las ONG, parte de un polémico paquete legislativo impulsado en medio del reclamo opositor de un fraude electoral y bajo la advertencia de la ONU de un “clima de miedo”.
El presidente Nicolás Maduro fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un “golpe de Estado” y a una “guerra civil”.
Su reelección desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.200 detenidos, en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.
El presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le anunció a Maduro que se dedicará en el actual periodo de sesiones a la tarea de “aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio”.
El chavismo tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional. El paquete de leyes incluye, además de la de las ONG, la regulación de redes sociales y una ley para castigar el “fascismo”, término con el que el gobierno también suele referirse a sus detractores.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”, pidió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado en el que también expresó preocupación por las detenciones y las imputaciones por “odio” o bajo la “legislación antiterrorista”.
La primera discusión de este proyecto se remonta a 2023, aunque su contenido ha sido modificado luego de que su promotor, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de “desestabilización”.
Según el texto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero.
El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
“Están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no”, protestó Rodríguez.
En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
Redes y fascismo
Maduro asegura que las redes están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo; promueve también un boicot contra WhatsApp.
“Es una escalada en el sistema de censura (…), el gobierno identifica las redes sociales como el mecanismo a través del cual la gente logra informarse”, explicó recientemente a la AFP Giulio Cellini, director de la consultora política Log Consultancy.
Rodríguez propuso incorporar en una polémica norma que castiga hasta con 20 años de cárcel “delitos de odio”, muy usada contra opositores, “elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales”.
Maduro de hecho pidió “mano de hierro y justicia severa” frente “a la violencia” y “delitos de odio”, que atribuye a Machado y González Urrutia.
Ya en el pasado pidió cárcel para ambos, que pasaron a la clandestinidad.
La “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares” en tanto fue aprobada también en primera discusión y castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”.
También plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
“Prácticamente cualquier cosa es fascismo” para el gobierno, cuestionó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, en una entrevista con la AFP en mayo.
Fuente: Emol.com
