La judicialización generó un efecto inmediato: más de 70 familias acudieron voluntariamente a los centros de salud para regularizar la situación y vacunar a sus hijos.
La reaparición del sarampión en Argentina y el desplome sostenido de la vacunación infantil encendieron las alarmas sanitarias y derivaron en una decisión sin precedentes. La provincia de Mendoza avanzó con la presentación de las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no vacunaron a sus hijos, incumpliendo el calendario obligatorio y gratuito establecido por ley.
Las acciones legales ya fueron ingresadas formalmente al sistema judicial y marcan un hito inédito a nivel nacional. El trasfondo es un escenario crítico: brotes activos de tos convulsa y sarampión, coberturas de vacunación por debajo del 50% en dosis clave y una creciente influencia de discursos antivacunas.
El último boletín epidemiológico confirmó siete muertes de bebés por tos convulsa y 35 casos de sarampión en lo que va del año. La gravedad de la situación traspasó fronteras, al punto de que Chile emitió una alerta epidemiológica ante el alto flujo de personas que circula entre ambos países.
La estrategia fue impulsada por el ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones que lidera Iris Aguilar. Desde el gobierno provincial aclaran que la medida tiene un foco sanitario y preventivo, aunque reconocen que el marco normativo contempla sanciones severas.
La Resolución N° 2572 habilita la aplicación de multas que superan los 300 mil pesos argentinos, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios para padres, tutores o cuidadores que se nieguen a vacunar a menores bajo su responsabilidad. Esta normativa se apoya en la Ley Nacional N° 27.491, que establece la obligatoriedad de la vacunación y prioriza la salud pública por sobre las decisiones individuales.
Si bien las autoridades reconocen que la vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, advierten que ese nivel no alcanza para evitar el regreso de enfermedades que estaban controladas. El estándar recomendado es superior al 95%. El mayor retroceso se concentra en las vacunas aplicadas a los 15 meses de vida, fenómeno que Aguilar vincula a la disminución de los controles periódicos de salud infantil.
Tras hacerse públicas las denuncias, la directora del programa denunció amenazas recibidas a través de correos electrónicos y redes sociales. “Desde que se publicó la resolución hemos recibido amenazas por mail y redes sociales, de todo tipo, por parte de grupos intolerantes antivacunas”, afirmó.
Paradójicamente, la judicialización generó un efecto inmediato: más de 70 familias acudieron voluntariamente a los centros de salud para regularizar la situación y vacunar a sus hijos. En ese contexto, Montero reforzó el mensaje sanitario: “No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”.
El endurecimiento de la postura mendocina se da en medio de un clima de fuerte debate público. El punto más álgido ocurrió el 27 de noviembre en el Congreso, cuando la diputada del PRO Marilú Quiroz encabezó una exposición antivacunas que incluyó la presentación de un hombre identificado como José Daniel Fabián, quien intentó desacreditar las vacunas contra el Covid-19 mostrando cómo objetos metálicos se adherían a su piel.
El episodio fue repudiado por el Ministerio de Salud que reiteró su respaldo al esquema nacional de inmunización: “Las vacunas del calendario nacional están probadas hace años y previenen enfermedades graves. Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia” señalaron.
FUENTE T13
