Operativos con decenas de armas incautadas en distintos puntos del país -gran parte, en la Región Metropolitana-, ofrecimientos en redes sociales de estos artefactos, e incluso, casos de tráfico por parte de reos cometidos con ayuda de gendarmes.
Esos son sólo algunos de los ilícitos que en los últimos meses se han conocido en torno al tráfico de armamento; un flagelo que afecta a Chile como parte del flujo mundial de internación ilegal o del desvío de armas legales hacia el mercado negro.
El alza de incautaciones de armas ilegales coincide además, con el aumento de ocurrencia de homicidios que implicaron el uso de estos artefactos. A ello, se suma la presencia de al menos 12 organizaciones o bandas extranjeras instaladas en el país -células como el Tren de Aragua, grupos dominicanos, peruanos, entre otros-, que provocó un cambio cualitativo en el delito en Chile y abrió una demanda que movió al mercado: las armas.
El pasado 14 de agosto, la PDI logró desarticular un punto de tráfico de armas en la zona sur de la RM, donde se incautaron 11 armas, además de elementos para su reparación y transformación, mientras que diversos operativos en San Ramón, permitieron requisar otros 10 de estos elementos.
Sobre aquello, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que “el proveer armas de fuego a las organizaciones territoriales es uno de los mercados más lucrativos que tienen estas estructuras criminales“.
¿Cuál es el escenario que enfrenta el país en materia de tráfico de armas? ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Cuáles son las fallas? ¿Qué impulsa a esta economía ilegal?
Esos son parte de los cuestionamientos que abordó AthenaLab en el informe La Economía ilegal de las armas, realizado por la investigadora Pilar Lizana, y para el que se utilizaron informes globales de tráfico de armas, data estadística de las distintas instituciones relacionadas con la materia a nivel nacional, vía Transparencia Activa, y entrevistas, entre otros. Eso sí, con la dificultad de que Chile aún no cuenta con un registro de armas ilegales estandarizado.
Seis fenómenos clave
Son seis los fenómenos asociados al tráfico de armas en el país, y que de alguna manera, replican lo que sucede a nivel global: testaferros, fabricación artesanal, desvío de armas, robo, modificación de armas e internación (ver tabla).
“De los seis fenómenos observados en Chile, resulta relevante mencionar que tanto en la modificación como fabricación artesanal de armas la armería funciona, en algunos casos como punto de desvío. Con talleres fachadas modifican o fabrican las armas, o simplemente gracias al conocimiento que proporciona el negocio y las capacidades físicas que entrega la armería, las desvían desde el mercado legal al ilegal”, detalla el documento.
Además, junto a la producción artesanal y modificación de armamento, resulta fundamental destacar es el fenómeno de la internación ilegal. “En la frontera, ya sea terrestre, aérea o marítima se está observando la tendencia creciente de armas provenientes del extranjero. Existen ingresos desde Estados Unidos y Argentina y salidas desde Chile hacia Paraguay. La frontera norte terrestre, con su alta porosidad, presenta una oportunidad para desarrolla este tipo de actividad ilícita”, señala el texto.
En Chile, la internación ilegal se viene apreciando con más fuerza desde 2018 con el hito que marcó la Operación Houston. En esa ocasión, Aduanas intervino una encomienda que ingresó por el aeropuerto de Santiago y que en su interior traía pistolas. “Ese fue el primer paso para dar con una organización de chilenos que desde Houston y Miami a través del aeropuerto de Santiago y el puerto de Arica internaron entre 2015 y 2018, 13 pistolas, además de municiones, cargadores y accesorios”, detalla Athenalab.
“Al igual que la tendencia mundial, las incautaciones de armas en frontera contabiliza registros más bien bajos, pero suficientes para perseguir a una organización. Además, también permite situar a Chile en el flujo mundial de las armas ilegales“, añaden.
Armas: una herramienta y un mercado ilícito
El informe concluye que las armas son, para el crimen organizado y las bandas delictuales, al mismo tiempo una herramienta y un mercado ilícito.
El documento detalla, en esa línea, que “en Chile y el mundo este mercado ilegal se comporta de manera similar en cuanto a los fenómenos asociados al desvío de armas y a su relación con la conflictividad y el crimen. El país no se encuentra aislado teniendo que resolver un tráfico interno, sino que, se encuentra plenamente integrado a las redes transnacionales“.
Así, uno de los seis fenómenos observados en la persecución del tráfico de armas tiene que ver con “la debilidad y falta de controles por parte de las autoridades legales competentes donde el déficit evidenciado en éstos ha facilitado el desvío de armas legales al ámbito ilícito”.
Sin embargo, desde AthenaLab postulan que el desarme de civiles no es la solución pues el problema tiene que ver con una institucionalidad débil en el cumplimiento de la ley, loque puede deberse a corrupción, falta de recursos o capacidades. En definitiva: la solución en este asunto en particular tiene que ver con revisar la institucionalidad, sus fallas y con cómo mejorarla.
“Adicionalmente, se evidencia una importante relación entre la violencia urbana, especialmente los homicidios, y los decomisos de armas, quedando de manifiesto la relación que existe en Chile entre el creciente fenómeno del crimen organizado y las armas de fuego ilegales”, detalla del documento.
En tanto, destacan que la trazabilidad es un asunto que no puede quedar fuera del análisis. “Debe ser abordado desde el punto de vista de las bases de datos, pero también desde el desafío que plantean las armas fantasmas. Perseguir esta actividad ilegal desde una perspectiva multidimensional que abarque la problemática en su conjunto y así permita generar redes de organizaciones y actividades ilícitas, es clave, sobre todo, considerando que muchas veces las armas son encontradas en la persecución de otros delitos”.
Principales desafíos para el Estado
El informe enumera una serie de desafíos y posibles acciones del Estado para abordar la economía criminal de las armas en el país.
Entre ellas, apuntan a que “construir medidas de confianza mutua que puedan fortalecer la cooperación en materia de intercambio de información entre países involucrados en redes de tráfico de armas permitiría no sólo combatir esta economía ilegal, sino que otros aspectos relacionados con la criminalidad que está detrás”.
En segundo lugar, apuntan a que “es necesario fortalecer la institucionalidad fiscalizadora con el fin de cerrar las brechas existentes en los controles. Para ello, es necesario revisar minuciosamente los médicos autorizados, armerías, armeros, tenedores de armas y armas inscritas con el fin de poder solucionar problemas en la autorización, compra y tenencia de armas”.
Respecto al problema específico de armas robadas, hurtadas y extraviadas, la autora sugiere “contar con un registro de quienes han extraviado, les han robado o hurtado armas resulta relevante para enfrentar el fenómeno del testaferro”. Se propone así quesi una persona es ingresada a ese registro, no pueda volver a comprar un arma, a menos que cuente con un argumento legítimo que justifique ese robo, hurto o extravío.
También se sugiere un registro de armerías, armeros y clubes de tiro que permita fiscalizar la internación, acopio de armas y municiones, así como la producción de estas últimas. “De esa manera, será posible identificar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por el crimen”, señala el documento.
Asimismo, se postula que el Servicio Nacional de Aduanas “debiese incorporarse en el combate a esta amenaza desarrollando ciertos protocolos, toda vez que se ha identificado que una manera de internar ilegalmente armas es mediante pasos habilitados”.
Además, se sugiere integrar el trabajo del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y Seguridad Pública en materia de fiscalización y control. “La doble dependencia puede ser abordada desde un trabajo integrado y coordinado entre ambas instituciones o desde un proceso de toma de decisiones que cambie la doble dependencia y la radique en uno de los dos ministerios”, detallan.
Finalmente, en cuanto a la información, el informe de AthenaLab apunta a que “se debería avanzar hacia la construcción de una base de datos unificadas que contenga el registro de todas las armas legales que se encuentran en país y que esté interconectada con el registro de tenedores con armas extraviadas, hurtadas o robadas, así como con el de las armerías, armeros y clubes de tiro”.
Fuente: Emol
