Defensoría Penal Pública señaló que pedirán adelantar la fecha. “Nos resulta un sinsentido, que vencido el plazo máximo legal el 2 de marzo, se prorrogue de facto e ilegalmente la investigación”, dijo el abogado Pedro Aguilera.
Para el 10 de marzo quedó fijada la audiencia de cierre de investigación contra Jorge Escobar, tío abuelo del menor Tomás Bravo.
Ayer, el Juzgado de Garantía de Arauco desestimó la quinta solicitud de la Fiscalía para aumentar el plazo de investigación en el caso que investiga la muerte del niño de tres años reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021 -en el sector de Caripilún-, Región del Biobío- y cuyo cuerpo fue encontrado tras nueve días de búsqueda.
La solicitud de apercibimiento de cierre fue presentada durante esta jornada por el defensor Penal Público Pedro Aguilera al cumplirse los plazos fijados.
Eso sí, Aguilera anunció que solicitará se adelante la fecha dispuesta por el Tribunal de Garantía de Arauco. “Pediremos de manera urgente que el tribunal reponga la resolución que fija audiencia de apercibimiento de cierre para el 10 de marzo. Porque nos resulta un sinsentido, que vencido el plazo máximo legal el 2 de marzo, se prorrogue de facto e ilegalmente la investigación hasta el 10 de este mes”, dijo.
En ese sentido, subrayó que era “absolutamente improcedente dilatar esta situación”.
El 2 de marzo de 2021, el Ministerio Público formalizó al tío abuelo del niño, Jorge Escobar, por el delito de homicidio calificado. Pese a que la Fiscalía pidió la prisión preventiva, el tribunal rechazó la medida cautelar. “No es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”, dijo la jueza Perla Roa en esa ocasión. De momento, es el único acusado en el caso.
La fiscalía solicitó en cuatro oportunidades extender el plazo investigativo. En la última ocasión, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, pidió ampliación de 30 días por mantener varias pericias pendientes, entre ellas la recepción de un informe que estaba trabajando un laboratorio en España. Específicamente, la fiscalía encargó un peritaje de pruebas con material genético a la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
Fuente: La Tercera
